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"Estuve por renunciar cuando me cambiaron de Ministerio a Secretaría" — Adolfo Rubinstein

05 Diciembre 2019

"Esto era competencia exclusiva de la Secretaría de Gobierno de Salud y no tenía que dar parte ni dar intervención a ninguna otra dependencia gubernamental porque se trata de un protocolo de actuación para los médicos y los equipos de salud", finalizó Rubinstein. "Obviamente que yo había hablado con muchos funcionarios de que esto iba a salir".

"Lo que había antes era solamente un documento colgado en la web que no tenía ningún valor jurídico, ninguna entidad normativa. Mi posición era absolutamente clara al respecto: había que formalizar eso que era un documento, había que darle entidad jurídica", contó Rubinstein. Esto no cambia con respecto de lo que había en el 2015. "No amplía ningún derecho", analizó.

"Eso fue un bochorno político que no tuvo ningún sentido más que perjudicar a las personas más débiles, porque les dio mucho miedo a los trabajadores de la salud", sostuvo Gines González que además agregó que el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo debe actualizarse y ser publicado. "Creo que traté de tener la voz de la salud pública, más allá de que hasta el momento había sido un debate por la ampliación del derecho de las mujeres y un debate que atravesaba creencias y actitudes". Lo dijo ya Favaloro hace 25 años. "Eso tenía que ver con la heterogeneidad de las respuestas de las provincias; donde había algunas que lo cumplían y otras que no; médicos y equipos de salud que estaban indefensos ante los procedimientos que tenían que hacer; jueces que se metían", explicó. El protocolo es una guía de procedimiento para los trabajadores de la salud.

Y es que la iniciativa respeta la ideología de las mujeres dándoles el poder de decidir sobre su cuerpo durante un embarazo no deseado, pues quienes no estén de acuerdo con la misma, no las obliga a abortar y pueden seguir libremente sus convicciones; pero para quienes tengan dudas o ya hayan tomado una decisión, permite la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación sin que ello implique que sean criminalizadas jurídicamente, toda vez que en general, quienes están en desacuerdo en convertirse en madres por múltiples razones, se encuentran con que quienes tienen recursos encuentran facilidades y quienes carecen de los mismos buscan clínicas clandestinas donde peligra su vida.

"Primero quiero que se apliquen las leyes vigentes: en este momento el problema de Argentina con este tema es que ni la de salud sexual, procreación responsable, ni la provisión de insumos para evitar los embarazos no intencionales, ni por supuesto la interrupción legal del embarazo, la verdad, tenemos muchísimas dificultades", afirmó González García, quien cuestionó al gobierno por el "mamarracho" de dar marcha atrás con el protocolo ILE.