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Intendente oficialista decreta la Emergencia Alimentaria — Adelantado

13 Сентября 2019

El Senado evalúa convocar a una sesión especial para el próximo miércoles o jueves para sancionar rápidamente la nueva ley de emergencia alimentaria que aprobó hoy la Cámara de Diputados.Esa es la idea que por estas horas está conversando el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con los jefes de los distintos bloques, según confirmaron a NA fuentes de la conducción de la Cámara alta.

Cecilia Moreau del Frente Renovador, "Solo este año dos millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza". Está bien que haya números, pero con esto no alcanza. Nunca se sentaron con los supermercadistas para regular los precios.

Según la FAO, Venezuela, Guatemala y Argentina fueron los países de América Latina en los que más aumentó el hambre durante 2018.

La presión creciente de estos sectores apuntaban a que se declare la emergencia alimentaria en todo el país a fin de que se dispongan nuevos fondos para atacar la creciente pobreza. "Hay un montón de gente que está con problemas para comer".

"Tenemos que desandar un camino desde 2015 cuando decían que Cambiemos venia a sacar todos los planes sociales y sin embargo este gobierno ha incrementado la asignación que llega hoy a 9 millones", aseguró Flores, fundador de la cooperativa bonaerense La Juanita. "Quiero decirle a Pichetto que tiene razón esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri", concluyó.

Con una resolución prácticamente unánime, la iniciativa de la oposición obtuvo media sanción y ahora deberá tratarse en el Senado.

Ante la negativa del Gobierno nacional de implementarla por decreto, parte del texto del proyecto de ley unificado solicita la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la Emergencia Alimentaria decretada por el Poder Ejecutivo en 2002, y propone un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año, correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, y autoriza al Gobierno la reasignación de partidas presupuestarias para cumplir con la ley.

Con esta iniciativa también se facultará al Jefe de Gabinete de la Nación para "actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias" en base a la variación de los precios del rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas" del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el INDEC, a partir de 2020.

Los legisladores del Frente de Izquierda, en tanto, intentarán debatir su propio paquete de leyes que incluye también la prohibición de despidos, el aumento de los salarios y las jubilaciones.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal de la emergencia alimentaria ascendería a $10.489 millones si se calcula sobre los montos asignados a políticas alimentarias hasta el 31 de agosto.

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