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Amnistía pide a CPI investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela

18 Мая 2019

-Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, notifico este martes Amnistía Internacional en su nuevo informe "Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela" sobre los hechos ocurridos en este país a finales de enero de 2019.

Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, denunció la "respuesta represiva por parte del Gobierno de Nicolás Maduro contra todas las personas que se opongan a las políticas del Gobierno".

El grupo de derechos con sede en Londres indicó que al menos 47 personas murieron durante las protestas del 21 al 25 de enero de este año y al menos 33 fueron asesinadas a tiros por las fuerzas de seguridad, y seis por partidarios del gobierno.

Venezuela atraviesa una aguda crisis política y económica que se ha agravado desde enero cuando, invocando a la Constitución, el opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país argumentando que la reelección de Maduro estuvo cargada de irregularidades. Esto se debe a la "gravedad" de los ataques contra los opositores, el gran número de víctimas, la coordinación de las fuerzas de seguridad implicadas y el conocimiento por parte de Maduro sobre los hechos. Al presentar su informe "Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela", Guevara explicó que la organización ha documentado diversas violaciones graves a derechos humanos desde 2014.

A lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país.

Algunos de ellos "fueron torturados previamente a su muerte", y "el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales".

"El contexto de generalidad y sistematicidad en el que se han dado patrones similares en Venezuela en los últimos años hace pensar que los hechos analizados en este informe, así como los patrones ya denunciados en el pasado, configurarían uno de los delitos considerados más graves por la comunidad internacional. Este tipo de crímenes atroces exige la investigación, procesamiento y sanción de aquellas personas responsables, teniendo en cuenta que son imprescriptibles y que habilitan la aplicación de la jurisdicción universal", sostuvo AI en el informe.

Asimismo, ha defendido que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), que lleva a cabo un examen preliminar sobre Venezuela desde principios de 2018, considere y estudie los hechos.

"Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no olvide que también tiene una responsabilidad compartida de proteger los derechos humanos de los venezolanos en el país y como de aquellas que se encuentran en necesidad de protección internacional".

Por último, señaló: "No obstante, la impunidad imperante en Venezuela hace difícil pensar que los mecanismos nacionales respondan a la obligación de dar justicia, verdad y reparación a las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en estos años, lo cual propicia su repetición".

"Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes", dijo Guevara en rueda de prensa.

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