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Justicia chilena condena a Iglesia a indemnizar a víctimas de exsacerdote

29 Marcha 2019

Los tres presentaron en 2011 una demanda civil contra el Arzobispado de Santiago por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por Karadima, que ese mismo año fue condenado por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia.

"Se declara procedente la acción indemnizatoria", señaló la Corte en el fallo que establece pagos para James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, dejando sin efecto una resolución de primera instancia que había rechazado la demanda civil por falta de pruebas, aunque puede ser apelada ante la Corte Suprema, informó Reuters.

Además, plantearon que "si bien no es un motivo de alegría, sí estamos conformes".

Para cerrar, el denunciante afirmó que el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones "reconoce una estructura de encubrimiento y eso en otras partes del mundo recién se está considerando" y añadió que con esto "el Estado chileno se pone a la altura y le da un ejemplo al resto del mundo. Estos no pueden seguir siendo impunes", enfatizó Hamilton.

El caso de los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima es uno de los más emblemáticos en Chile por la influencia del sacerdote dentro de la Iglesia.

Cada uno deberá recibir 100 millones de pesos chilenos (unos US$146.400), una cantidad menor a los 450 millones que habían pedido en un principio (unos US$660.0000).

Desde su parroquia de El Bosque, un exclusivo barrio residencial de la capital chilena, Karadima abusó sexualmente y manipuló psicológicamente desde 1980 hasta 2000 a jóvenes que acudían a él en busca de orientación espiritual, seminaristas y sacerdotes, tendiendo una red de complicidades que lo mantuvo al amparo de la justicia.

Por último, agradecieron al administrador apostólico del Arzobispado de Santiago Celestino Aós por no apelar al fallo del Tribunal de Alzada, lo que dice, dijeron, que hay nuevos aires en la Iglesia. "Un abrazo grande", publicó en Twitter Juan Carlos Cruz desde Estados Unidos, donde reside.

El Ministerio Público indaga la participación de Ezzati, cuya renuncia fue aceptada por el papa Francisco la semana pasada, en los hechos imputados al excanciller del Arzobispado capitalino Óscar Muñoz, acusado de violación y abusos, y del sacerdote Jorge Laplagne, denunciado por un hecho que data del 2002.

La Fiscalía Nacional de Chile investiga a 219 religiosos en 158 casos de abusos sexuales contra 241 víctimas, de las cuales 123 eran menores de edad al momento de los hechos.

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