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EEUU sanciona a Corte Penal Internacional

16 Marcha 2019

Estados Unidos anunció el viernes sus primeras sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), negando visas a cualquier persona involucrada en una posible investigación de militares estadounidenses en Afganistán o en otro lugar.

"La CPI está atacando el Estado de derecho de EE UU", subrayó Pompeo.

Según la solicitud entregada el 20 de noviembre de 2017 por la fiscal general, Fatou Bensouda, existen "bases razonables para creer" que talibanes, autoridades afganas y tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.

Pompeo dijo el viernes que las nuevas restricciones de visa incluirían a "personas que tomen o hayan tomado medidas para solicitar o promover una investigación de este tipo".

"Hoy (.) estoy anunciando una política de restricción de visas a aquellas personas directamente responsables de cualquier investigación de personal estadounidense", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en rueda de prensa. "No es demasiado tarde para que la corte cambie su curso y la urgimos a hacerlo inmediatamente", siguió.

El gobierno del presidente Donald Trump había dicho en septiembre que si la corte iniciaba una investigación de crímenes de guerra en Afganistán, consideraría prohibir la entrada de jueces y fiscales de la CPI a Estados Unidos, imponer sanciones a sus fondos y procesarlos en tribunales locales. "La CPI reclama jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de todos los países, violando todos los principios de justicia, equidad y debido proceso".

Andrea Prasow, directora de Human Right Watch, dijo que "tomar medidas contra aquellos que trabajan para la CPI envía un mensaje claro a los torturadores y asesinos por igual: sus crímenes pueden continuar sin control".

Pompeo dijo que la política ya se estaba implementando pero que no ofrecería detalles, citando las leyes de privacidad de la visa.

La CPI se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países y que entró en vigor en 2002.

Las relaciones entre Washington y la corte con sede en La Haya han sido siempre tensas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.

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