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Estados Unidos define en qué país se realizará el juicio contra YPF

12 Enero 2019

Si la Corte Suprema de EE.UU. rechaza la argumentación argentina, el caso volverá a primera instancia.

La opinión que solicitó la Corte Suprema al jefe de abogados de la Casa Blanca, conocido en EEUU como General Solicitor, no es vinculante. La Argentina argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda porque la expropiación de YPF es un acto de un Estado soberano por lo que debería ser tratada por tribunales locales. "En definitiva, es un paso que deja a la Argentina mejor posicionada en cuanto a las posibilidades del recurso ante la Corte", evaluaron desde la Rosada.

En aquella oportunidad, el Estado argentino mediante aprobación del Congreso nacional dispuso el pago a la empresa española Repsol -por entonces controlante accionaria de YPF- de un resarcimiento de U$S 5.000 millones para compensar la nacionalización parcial de la compañía. En el Ejecutivo esperan que la decisión sea favorables, teniendo en cuenta la buena relación entre el mandatario norteamericano y Mauricio Macri.

Así, la decisión sobre la jurisdicción del caso se demorará entre dos o tres meses.

El caso contra Argentina e YPF no es el primero que Burford Capital impulsa contra activos recuperados por el Estado nacional. Como aquella vez, en Washington creen que la opinión del gobierno de Donald Trump sobre el caso tendrá influencia en la decisión que tome el tribunal.

También entendieron que el fallo marca la trascendencia del asunto para la política internacional de la administración Trump dado que como "amigus curiae" en solidaridad con la posición de Argentina se presentaron ante la Corte los gobiernos de Chile y de México, en este caso del anterior que presidió Enrique Peña Nieto. La Corte no estableció ningún plazo obligatorio, por lo cual no está determinado en qué momento llegará esa respuesta. El Tribunal debe decidir si la demanda de un fondo buitre por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o trasladarse a Buenos Aires, como reclama en Gobierno, que busca llevar el juicio a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.

Se trata de la jueza federal de Manhattan Loretta Preska, confirmada en segunda instancia por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En 2014, en el gobierno de Barack Obama, el por entonces procurador general Donald Verrilli, ofreció una encendida defensa a favor de la postura de la Argentina ante el máximo tribunal en la larga batalla judicial con los fondos buitre liderados por NML, de Elliot Management, la empresa insignia del magnate de Wall Street Paul Singer.

Cuando en 2012 el gobierno argentino de Cristina Fernández (2007-2015) expropió el 51% de las acciones de YPF, las dos empresas se vieron imposibilitadas de honrar sus compromisos y pagar sus deudas, y un grupo de acreedores se quedó con sus acciones.

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