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Corte de Guatemala suspendió la orden de salida anticipada de la CICIG

10 Enero 2019

Los juristas están divididos sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión de acabar con el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig): unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.

Tras una sesión de más de 8 horas que se inició en la noche del martes, la resolución fue votada por la mayoría de los magistrados (4 a 1) con tan solo la oposición de la presidenta de la Corte, Dina Josefina Ochoa.

La Cicig es la misión de las Naciones Unidas que persigue desde hace una década los mayores casos de corrupción que se han dado en el país.

La CC dejó sin efecto la decisión presidencial al otorgar un amparo provisional ante ocho acciones promovidas por personas e instituciones para revertir el fin de la Comisión, adscrita a la ONU, según indica la resolución divulgada a la prensa.

Se notificará al presidente Jimmy Morales; al vicepresidente Jafeth Cabrera; al Congreso de la República; a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; al ministro de Gobernación Enrique Degenhart; al Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala; al ministro de la Defensa Nacional; a la Fiscal General y al Procurador General de la Nación.

"La notificación que se efectúe a los citados funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo", resolvieron por mayoría los magistrados.

Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.

La denuncia que dio origen visto bueno de la CSJ fue presentada en diciembre pasado por la oficialista Asociación Dignatarios de la Nación, en la que acusan a los magistrados, entre otras cosas, de abuso de funciones y autoridad, prevaricato y violación de la Constitución.

"Se ha puesto en marcha el plan de contingencia y se ha solicitado al personal internacional que salga del país hasta nuevo aviso", dijo a periodistas el vocero de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Matías Ponce.

Con la sentencia de este lunes a favor de la Cicig no fue la primera vez que el tribunal constitucional desafió los mandatos presidenciales de Morales.

Sin embargo, el portavoz de la ONU, Stepháne Dujarric, sostuvo hoy que el acuerdo "seguirá vigente" hasta septiembre próximo, cuando vence el mandato, y agregó que "el comisionado, Iván Velásquez, está evaluando con su equipo cómo hacerlo".

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