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La Fiscalía sí mantiene el delito de rebelión para los presos indepedentistas

02 Noviembre 2018

Así lo ha hecho en el escrito de acusación en la causa por el 'procés', que se ha presentado este viernes, en el que considera al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, los "principales promotores" del desafío soberanista.

El Gobierno ha desechado el criterio de los expertos de la Abogacía del Estado, partidarios de acusar por rebelión, y ha impuesto a su brazo legal una acusación por sedición que rebaja el carácter violento de los hechos ocurridos ante la Consejería de Economía durante los registros judiciales del 20 de septiembre y durante el propio referéndum del 1-O, celebrado pese a que el Tribunal Constitucional lo había prohibido.

Por su parte, la Abogacía del Estado sólo solicita la mitad por sedición y malversación y no contempla el delito de rebelión. Sobre las huelgas convocadas posteriormente, los días 3 de octubre y 8 de noviembre, la Abogacía se limita a referir los cortes de carreteras y de vías férreas, con el consiguiente "caos circulatorio", sin ahondar más.

Para fijar penas y responsabilidades, el escrito de la Abogacía del Estado distingue entre tres tipos de procesados. En primer lugar, sitúa a los exmiembros del Govern que jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal. Además, estos dos delitos los considera en "concurso medial", es decir, que uno no se puede producir sin el otro, lo que a efectos de pena supone también una rebaja.

En cuanto al resto de los procesados, la Fiscalía pide siete años de prisión por malversación para el exconseller Santiago Vila, quien dimitió el día antes de la declaración unilateral de independendencia.

Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa merecen un castigo más grave por su estatus de "autoridad", al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno". Al mismo tiempo, solicita la inhabilitación de todos ellos por el mismo periodo de la condena de cárcel. De esta forma, en vez de pedir sanciones separadas para cada uno de los dos delitos (lo que hubiera llevado a tener que solicitar un mínimo de 16 años de cárcel para Junqueras), la calificación conjunta de ambas infracciones permite tomar como referencia el delito más grave (la sedición) e incrementar algo la pena en atención a la malversación.

El Ministerio Público añade a la petición de prisión para Junqueras 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.

Asimismo, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell se enfrena a 17 años de cárcel por un delito de rebelión, igual que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Para los miembros de la Mesa del Parlament Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, el escrito reclama multa de 10 meses e inhabilitación por un año y ocho meses por el delito de desobediencia grave.

Este mismo delito se aplica al también exintegrante de este órgano de la Cámara Joan Josep Nuet y a la dirigente de la CUP Mireia Boya, para los que pide una pena menor: ocho meses de multa y cuatro de inhabilitación. Las iniciativas más relevantes tramitadas gracias a esos miembros de la Mesa fueron la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

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