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Alianza opositora urge a Ortega a retomar diálogo

09 Agosto 2018

El canciller Denis Moncada dijo que las cifras de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han sido manipuladas con fines políticos, sumando también 253 personas que fallecieron por circunstancias ajenas al "golpe" para proyectar una imagen de inestabilidad e inseguridad en perjuicio del Gobierno, añade El 19 Digital.

En tanto, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, contabilizó hasta el 31 de julio un total de 265 fallecidos, entre ellos 13 menores de edad.

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Nicaragua ha acusado y procesado a 137 personas por terrorismo, crimen organizado, secuestro, entre otros delitos, en el marco de las protestas antigubernamentales.

Según la estadísticas del Gobierno, de los 197 personas fallecidas, 91 son hombres, 6 mujeres, cinco son estudiantes universitarios, dos estudiantes de secundaria, un periodista, ocho trabajadores del Estado, dos amas de casa, dos guardas de seguridad, un maestro y 22 policías.

"La información presentada por los compañeros de la Policía Nacional en coordinación con las instituciones del Estado, confirma las 197 vidas truncadas por los terroristas del intento de Golpe de Estado, así como las 253 víctimas de la actividad delictiva común, cifras, que fueron agregadas sin diferenciarlas con el objetivo de difamar y desprestigiar al Gobierno del Presidente Daniel Ortega", apuntó.

El diálogo, iniciado el 16 de mayo, está paralizado desde mediados de junio por la represión contra las protestas y la negativa del Gobierno a la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a 2019.

Según la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, al menos 130 personas "han sido llevadas a tribunales controlados por la dictadura orteguista y acusadas de diversos crímenes, entre ellos el de terrorismo, la figura jurídica preferida por el régimen Ortega-Murillo para criminalizar la protesta cívica".

Mientras, la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó el despido de decenas de médicos nicaragüenses en una aparente represalia por haber participado en las protestas contra el Gobierno o haber expresado diferencias con su gestión.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Nicaragua vive ahora la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega en la Presidencia.

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