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Las medidas con las que se quiere frenar el asesinatos de líderes

12 Julio 2018

El presidente Juan Manuel Santos ordenó al Ministerio de Defensa la intervención urgente por 30 días de ocho departamentos, tras identificar que son los más afectados por el asesinato de líderes sociales.

"Este es un problema de todos y llega a todos los niveles".

"Reitero mi compromiso, el del Gobierno Nacional, el del Estado en su conjunto, de trabajar sin descanso para garantizar la protección de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos", concluyó. "La unidad ha hecho una gran gestión pero está desbordada, por eso hemos dicho que le den más recursos y también vamos a reforzar la implementación de la ruta colectiva de riesgo", sostuvo el mandatario. En este punto se integrarán los municipios de Corinto (Cauca), Cáceres y El Bagre (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó) y Tame (Arauca), regiones en las que se ha registrado un aumento considerable de amenazas y crímenes de líderes.

El Gobierno de Estados Unidos indicó en un comunicado su profunda preocupación por los asesinatos de líderes campesinos y sociales en Colombia y pidió que la justicia de este país sudamericano actúe con celeridad para esclarecer los crímenes y condenar a los culpables.

De igual forma, Santos afirmó que ordenó priorizar el componente de seguridad a líderes sociales y de derechos humanos con acciones de control microfocalizados en veredas identificadas con más urgencia.

Santos fortaleció la Unidad Nacional de Protección (UNP), con una inyección económica de 50 mil millones de pesos y anunció que fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por la Defensoría, al interior del Sistema de Prevención y Alerta creado en el acuerdo de paz.

En el encuentro estuvieron también el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo; los ministros del Interior, Guillermo Rivera y de Defensa, Luis Carlos Villegas; el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el procurador general, Fernando Carrillo; organismos internacionales acreditados en Colombia, líderes de las organizaciones sociales y altos mandos de las Fuerzas Militares.

Las medidas con las que se quiere frenar el asesinatos de líderes