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Publica Peña Nieto decreto de la "Ley Chayote"

12 May 2018

La Secretaría de Gobernación publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que expide la Ley General de Comunicación Social, que ha sido criticada por diversas organizaciones de la sociedad civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó el pasado mes de noviembre al Congreso de la Unión a emitir una Ley que regulara la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018, que atendiera principios de transparencia en el otorgamiento de los contratos, topes claros en los gastos de Comunicación Social y que hubiera una distribución lógica y equitativa de los recursos.

En sus artículos transitorios, el decreto obliga al poder Ejecutivo a actualizar sus normativas en un plazo no mayor a 120 días, y al Congreso de la Unión a reorganizar las legislaciones aplicables en menos de 90 días, para que se empaten con la nueva Ley.

La ley general tiene el objetivo de que el gasto de comunicación social se ejerza bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales. No obstante, las organizaciones civiles y organismos internacionales aseguran que no se ha cumplido con este mandato.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), lamentó que se haya aprobado esta legislación en el Congreso de México, pues consideró que se perdió la oportunidad de regular el uso de la publicidad oficial.

Igualmente, la Secretaría de Gobernación deberá crear el Padrón Nacional de Medios de Comunicación y los lineamientos para la aplicación del presupuesto en las áreas de Comunicación Social.

En una Nota Estratégica sobre la minuta, el IBD advierte que la redacción de los artículos 4 y 8 de la Ley, bautizada como "Ley Chayote", abre la posibilidad de difundir programas gubernamentales que no sean necesariamente útiles al público.

Además, recomendó valorar la pertinencia de que la Segob fuera la entidad administradora de la ley.

Por su parte, el artículo 38 menciona que la revisión y la fiscalización de los recursos públicos federales en materia de Comunicación Social se realizarán a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), según lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El artículo 35 señala que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social, deberán inscribirse previamente al Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tendrá que ser público y accesible a la distancia.

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