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Por lavado, vinculan a proceso a extesorero de Quintana Roo

06 Febrero 2018

Es decir, La PGR trato de sorprender al juez de distrito que la actividad en la cual Juan Vergara incurrio la equiparo al de una persona u organización criminal, incursionando en un acto delictivo, que procesa las ganancias financieras, resultando de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades ilícitas como son el robo, malversación de fondos, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, etcétera.

Al ex funcionario vinculado a proceso se la relacionado con el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

En la columna La Corte de Los Milagros, del periodista Rodolfo Ruiz, se indica que Juan Melquiades Vergara le vendió a Roberto Arandia Gutiérrez, El Rojo, sus canales de televisión.

Al mismo tiempo, le dictó a Vergara como medidas cautelares el pago de una garantía de 4 millones de pesos, la prohibición de salir del País (razón por la cual le retiraron su pasaporte y visa), así como la obligación de firmar una vez al mes en el Centro de Justicia de Quintana Roo.

Esto después de una denuncia que interpuso el SAT, donde acusó a Juan Melquiades de haber recibido en sus cuentas bancarias en 2015 depósitos por 50 millones 689 mil 970 pesos, provenientes de un esquema de defraudación fiscal por transferencias entre al menos 13 empresas factureras.

Y es que se consideró en la primera audiencia que la PGR no cuenta con los elementos suficientes para acusar al exsecretario de Finanzas del gobierno estatal, por lo que la Procuraduría tendrá el lapso otorgado para poder sustentar la comisión de algún delito por parte del exfuncionario.

Las investigaciones indican que adquirió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes y que se acreditó un concepto de subsidio al empleo sin que contara con la base real de trabajadores suficiente para generar el crédito.

A ello, se suma que, no existe dato alguno que arroje información sobre la real prestación de algún servicio por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos que le hicieron éstas.

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