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La CNDH ve riesgo potencial en aplicación de Ley de Seguridad Interior

05 Diciembre 2017

El pasado 1 de diciembre los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la Ley de Seguridad Interior, con la cual se autoriza la acción de las fuerzas militares armadas en las calles del país, es decir, los faculta para realizar labores de seguridad pública.

Los policías explicó, se capacitan como servidores públicos para preservar la vida, el orden y la paz, y utilizan la fuerza como último recurso, mientras que los elementos del ejército están entrenados para el combate y esta Ley dijo, puede representar un retroceso en derechos humanos para el país.

En una carta firmada por Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se expone que la minuta que deberá resolver la Cámara alta ese jueves "generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos".

En su visita a México en 2015, esa Comisión constató "con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad".

En el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas. "Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública".

Al insistir que la ley amenaza con que "cualquier tipo de actividad humana" pueda ser calificada de "riesgo de seguridad interior, sin que existan parámetros objetivos para ello", la CNDH recordó su planteamiento de que los problemas de seguridad y justicia "se deben abordar bajo un esquema amplio, en el que se traten de manera conjunta e integrada la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz". Se deben precisar modelos de operación, tal como han sugerido también expertos de diversas instituciones, y es necesario que las políticas en la materia no se decidan por razones coyunturales o políticas.

Llamó a los senadores a que "con responsabilidad y plena conciencia sobre las repercusiones que tendrán sus actos", hagan un examen objetivo y detallado de la propuesta de ley en el marco de lo que establece la Constitución federal.

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