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Buscan medidas cautelares para propietarios de cajas de seguridad

02 Noviembre 2017

El 13 de mayo de 2012 fueron encontrados 49 restos en Cadereyta, y de acuerdo con la in vestigación de autoridades, la organización criminal de Los Zetas estaba relacionaba con los hechos.

Por violaciones al derecho a la protección a la salud, a la vida y al acceso a la justicia, por personal del Hospital Militar Regional y de la Delegación de la PGR Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 38/2017, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional y al Procurador General de la República.

En la recomendación difundida ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió que el actual gobernador de Nuevo León ofrezca una disculpa pública a los familiares de las víctimas, aunque la brutal matanza ocurrió en la pasada administración estatal.

Al mandatario de Tamaulipas se le solicita colaborar en la denuncia que la CNDH presentará ante la Procuraduría de esa entidad y la Coordinación de Asuntos Internos de la misma.

Tampoco realizaron diligencia para la búsqueda y localización de posibles testigos, ni solicitaron pruebas periciales idóneas que el caso requería.

Especificó que la Procuraduría de Nuevo León no resguardó el lugar del hallazgo y practicó de manera deficiente las autopsias realizadas a los cadáveres.

"Esta Comisión Nacional también comprobó la falta de celeridad en la integración de las averiguaciones previas, lo que ocasionó que los familiares no fueran reconocidos oportunamente como víctimas indirectas, ya que en algunos casos pasaron más de cuatro años, a pesar de que el personal ministerial contaba con datos para realizar dichos reconocimientos desde el año 2012", destacó el organismo público.

La Comisión Nacional recordó que en 2009 y 2011 denunció la vulnerabilidad de la población migrante que recorre la carretera libre Monterrey-Reynosa, donde fueron localizados torsos y otras partes humanas de 49 migrantes.

Añadió que también se acreditó, que las autoridades de Nuevo León difundieron públicamente información carente de veracidad, que afectó el honor y la reputación de los familiares de víctimas directas.

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