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Colombia: Envían a cárcel a exalcalde por poner en riesgo a desfavorecidos

11 Octubre 2017

El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Magangué con funciones de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exalcalde de Magangué Marcelo Torres Benavides, vinculado al escándalo de la celebración irregular de un convenio por más de 1.000 millones de pesos, que pretendía beneficiar a niños y mujeres en embarazo.

La Fiscalía le imputó al exmandatario los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

La medida deberá cumplirla en el pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá.

Según la investigación del ente acusador, Torres Benavides habría suscrito irregularmente en septiembre de 2015 un convenio con la cooperativa Coomsalud, para la atención alimentaria de menores entre los 0 y 5 años de edad, y de apoyo a las madres gestantes. "El marco jurídico para aquel tipo de contratación, no fue el adecuado", aseguró el juez durante la diligencia, al cuestionar que el exalcalde no promovió la defensa de los derechos de los más desfavorecidos.

En la intervención, el juez también censuró a la pasada administración por pagar la totalidad del contrato sin que se hubieran cumplido con lo dispuesto en el mismo, y señaló que "de nada sirven la políticas sociales del gobierno cuando en su ejecución no se cumplen los requisitos legales".

Por su parte, el interventor del convenio, Jorge Prasca Mejía, permanecerá en el búnker de la Fiscalía en Cartagena hasta tanto se obtengan los resultados de la valoración médica que determinará si el estado de salud de Prasca le permite estar o no en un establecimiento carcelario. Al parecer, el convenio no se suscribió a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y fue otorgado de manera directa a la cooperativa Coomsalud.

Tampoco fue articulado el programa con los planes territoriales de salud ni se tuvieron en cuenta las directrices del Plan Nacional de Salud Pública.

Segundo: ciento sesenta y dos millones de pesos ($162.000.000), el 19 de octubre.

El convenio que fue materia de investigación se firmó en el 2015, ascendía a más de mil millones de pesos (unos 338,776 dólares) y se pagó pero no se ejecutó.

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