Estas graves acusaciones llevaron a que la Fiscalía solicite una investigación por corrupción contra el mandatario.

El holding empresarial J&L brasileño al cual pertenece JBS, la empresa del escándalo de corrupción alrededor del presidente Michel Temer, afirmó que sus ejecutivos, que se entregaron ayer a la Policía, no mintieron en sus acuerdos de cooperación con la Justicia. Batista es beneficiario de un acuerdo con la Fiscalía que le garantizó inmunidad a cambio de señalar a los cerca de mil políticos a los que pagó sobornos para que beneficiaran los negocios de su grupo, incluido Temer.

Poco después de ser informado de la decisión, el empresario se presentó voluntariamente en la tarde de este domingo en la sede de la Policía Federal en Sao Paulo junto con Ricardo Saud, otro ejecutivo de la JBS contra quien también dictada la detención, y la previsión es que ambos sean conducidos a un presidio en Brasilia.

El arresto se dio gracias a unas grabaciones, donde se evidencia que al parecer Batista ocultó información que conocía sobre corrupción en el país, y que su confesión fue guiada por un asesor del Procurador General de Brasil en aquella época, Rodrigo Janot.

"Existen indicios suficientes de que los colaboradores omitieron, en el momento en que formalizaron el acuerdo de delación premiada, informaciones que estaban obligados a ofrecer sobre la asesoría que recibieron del entonces procurador de la República Marcello Miller cuando negociaron los términos del acuerdo", declaró el juez Fachin. En el marco de ese pacto con la justicia, en mayo se divulgó la grabación de una charla de Batista con Temer, quien supuestamente consintió que JBS pagara por el silencio de un diputado preso por corrupción.

La revelación de que Batista omitió datos en su delación, que puede llevar a la Fiscalía a anular los beneficios que le concedió, fue aprovechada por algunos políticos acusados para desacreditar al empresario.

Dicha denuncia fue archivada a principios de agosto pasado por la Cámara de Diputados, lo que impidió abrir un proceso penal contra el mandatario brasileño, rechazada por la cámara baja. En el mismo mandato en que determinó la detención, Fachin también autorizó a la Fiscalía a revisar los beneficios concedidos a los ejecutivos de la JBS y que, además de total inmunidad, favorecían la continuación de las operaciones de sus empresas.