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Justicia venezolana rechaza el recurso de fiscal contra la Asamblea Nacional Constituyente

17 Junio 2017

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, denunció el lunes que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro si algo les sucede.

"Celebro que la MUD y todos los partidos de la MUD estén siguiendo a la señora Luisa Ortega Díaz (.) y que la MUD haya reconocido la legitimidad" del TSJ, agregó Maduro en un discurso transmitido por la televisora estatal VTV.

En un turbulento cierre de sesiones, el 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional (parlamento), entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a esos magistrados, en maratónica sesión extraordinaria, antes de que la oposición tomara el control legislativo el 5 de enero.

La Fiscal General argumentó que el proceso para elegir a los jueces fue "irregular" y se hizo a sus espaldas, por lo que pretende que con su petición sean designados nuevos magistrados.

"Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho", afirmó al explicar porque se negó a firmar el acta de designación de estos magistrados y cómo esto "vicia" el proceso en sí.

En dos meses y medio, estas protestas dejan 66 muertos, cientos de detenidos y más de un millar de heridos, según la Fiscalía.

Venezuela sufre, además de una severa crisis económica y política, una profunda crisis institucional.

Mediante un mensaje en la cuenta oficial del Ministerio Público se informó sobre la presencia de la fiscal general en el TSJ.

Este recurso de nulidad es la segunda acción que ejerce la Fiscal contra la Asamblea Nacional Constituyente, pues el pasado 1º de junio pidió la aclaratoria de la sentencia 378 en la que el máximo tribunal del país consideró que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria del referido mecanismos.

La Sala Electoral también declaró "inoficioso el pronunciamiento sobre el amparo cautelar y subsidiariamente la medida cautelar" que bloquearía el proceso de Constituyente, al haber sido declarado inadmisible el recurso.

Esto, explica la Sala Electoral, "en virtud que la declaratoria de inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones no admite, ni aún preliminarmente, la presunción de buen derecho, o en su defecto, el mencionado requisito en concurrencia con la presunción de riesgo manifiesto por inejecución del fallo".